COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS)
En representación de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible del país, manifiesta a la opinión pública, al sector judicial y las autoridades territoriales, su absoluto respaldo a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), y expresa un enérgico rechazo ante la pretendida entrada en operación de AMSO, ello sin perjuicio de las acciones de nulidad que cursan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra los actos de constitución.
- La asignación de competencias no equivale a su ejercicio material y evidencia la inoperancia del AMSO: La habilitación legal que la Ley 99 de 1993 y la Ley 1625 de 2013 otorgan a las áreas metropolitanas para actuar como autoridades ambientales urbanas está estrictamente sujeta a una asunción efectiva de funciones. El propio AMSO ha reconocido en sus actos administrativos que se encuentra en una etapa incipiente de estructuración y que aún no opera de forma real. Resulta inaceptable que una estructura administrativa que carece de inversión presupuestada para la gestión ambiental, que no cuenta con una planta global suficiente y que apenas adoptó manuales de contratación en septiembre de 2026, pretenda despojar de sus recursos a una autoridad con más de siete décadas de trayectoria. El desarrollo institucional no se decreta por simple papeleo; requiere una robustez técnica que el AMSO hoy no posee.
- De la especialidad técnica y funcional que requiere la gestión ambiental: La Corte Constitucional en precedente jurisprudencial de relevancia ha señalado que el ejercicio de la autoridad ambiental cuente con idoneidad y rigor técnico científico permanente, no solo formal. Esto significa que la autoridad debe delimitar sus acciones basándose en cuencas hidrográficas, biomas o corredores biológicos, y no estrictamente en fronteras políticas o administrativa. En tal sentido, la jurisprudencia impide delegar o ejercer funciones ambientales a modo de “ensayo y error”. En la actualidad la AMSO ha reconocido no tener la capacidad técnica y administrativa exigida legal y jurisprudencialmente para el ejercicio de autoridad ambiental.
- Desfinanciación masiva de la gestión ambiental y ruptura de la solidaridad regional: Los recursos provenientes de la sobretasa ambiental de Cali representan cerca de $158.000 millones de pesos anuales, equivalentes a más del 50 % de los ingresos corrientes y de inversión de la CVC. La Ley 99 de 1993 establece el principio de solidaridad regional: la mitad de este recaudo se invierte en Cali y el otro 50 % subsidia la gestión ambiental en todo el departamento. Centralizar estos recursos exclusivamente para el núcleo urbano despojaría de presupuesto clave a los restantes 40 municipios del Valle del Cauca, frenando de inmediato programas y proyectos rurales esenciales y programas bandera como “Por un Campo más Sostenible”, además de la implementación del Plan de Acción, PGAR, PGIR, entre otros.
- El principio de continuidad de la función pública como garantía constitucional: La función pública ambiental no admite interrupciones, vacíos ni suspensiones, pues de ella pende la efectividad del derecho colectivo a un ambiente sano amparado por el artículo 79 de la Constitución Política. Ante la inoperancia material del AMSO para ejecutar medidas de control, el principio de continuidad administrativa obliga a que la CVC mantenga la plenitud de sus atribuciones y la administración de sus rentas. La protección de los ecosistemas no puede quedar supeditada a los ritmos burocráticos de un ente que no ha entrado en funcionamiento operativo.
- Vacíos normativos de la Ley 1625 de 2013 frente a la transición competencial: La Ley 1625 de 2013 adolece de una grave deficiencia al no fijar plazos perentorios ni términos estrictos para la asunción efectiva de funciones por parte de las áreas metropolitanas emergentes. Esta falta de regulación temporal no puede convertirse en una patente de corso para desfinanciar a las corporaciones autónomas ni para crear zonas de desprotección ambiental absoluta. Sumado a lo anterior, conforme a lo contemplado en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 Mientras no exista una transferencia funcional consumada mediante un acto metropolitano expreso, operativo y con capacidad técnica real, la competencia y los recursos deben permanecer bajo la tutela jurídica de la autoridad ambiental preexistente.
- El despropósito constitucional de congelar recursos en fiducia o cuentas estancadas: ASOCARS rechaza tajantemente la pretensión de inmovilizar más de $70.000 millones de pesos en cuentas especiales o encargos financieros. El inciso 2 del artículo 317 de la Constitución Política es taxativo: el porcentaje ambiental de los gravámenes inmobiliarios tiene una destinación funcional y obligatoria hacia las entidades encargadas del manejo y conservación del medio ambiente. Guardar dinero público en una fiducia mientras avanza un litigio es traicionar el mandato constitucional; la naturaleza y los ecosistemas no dan tregua esperando a que culmine un proceso judicial.
- Grave amenaza al ecosistema del Valle del Cauca y vicios de legitimidad: Dejarse seducir por la idea de un “limbo presupuestal” implica paralizar de forma inmediata la operación de la red de vigilancia de la calidad del aire, el monitoreo de alertas en los ríos, la protección de humedales y ecoparques, y el auxilio de la fauna silvestre en Cali. Los riesgos son asimétricos: si los recursos se siguen ejecutando a través del Plan de Acción de la CVC, se garantiza el beneficio directo al territorio; si se congelan, el daño ambiental será irreversible. Adicionalmente, compartimos las alarmas sobre la conformación del AMSO, la cual se validó mediante una consulta popular con una participación inferior al 10 % del censo electoral y con una preocupante ausencia de Consulta Previa con las comunidades étnicas del territorio.
- ASOCARS hace un llamado respetuoso pero firme a las autoridades judiciales, al Alcalde de Cali, Alejandro Eder, y al Concejo Distrital para que prevalezca la continuidad del servicio público y el principio de correspondencia entre el ejercicio de la autoridad ambiental y la titularidad de la renta. El presupuesto del SINA funciona bajo un modelo descentralizado enfocado en cuencas e interconectividad ecosistémica, no bajo fronteras políticas, y debe blindarse contra las tensiones burocráticas temporales de los esquemas asociativos emergentes. La gestión ambiental del Valle del Cauca y de Santiago de Cali no puede suspenderse.
Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2026.
JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA ASOCARS.