ARTICULA AUTORIDADES AMBIENTALES, JUECES Y FISCALES
CREAN RUTA DE ATENCIÓN A DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD
El 70 % de los animales traficados mueren antes de llegar a su destino y solo el 8 % de los casos llega a una sentencia condenatoria. La idea es que esta ruta, cuyo génesis fue en el Valle del Cauca, se tome como modelo y se adopte a nivel nacional.
B-122 Cali, mayo 20 de 2026.
Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el tráfico de fauna mueve 23 mil millones de dólares al año a nivel global y 40 % de ese tráfico se oferta en redes sociales y plataformas digitales. Las especies más traficadas son los psitácidos (loros y guacamayas) seguidos de reptiles, mariposas, primates y felinos. Colombia, al ser uno de los países más biodiversos del mundo, es escenario fértil para este delito. Tristemente, el 70 % de los animales traficados mueren antes de llegar a su destino y solo el 8% de los casos llega a una sentencia condenatoria.
Precisamente, para mejorar la efectividad en la aplicación de la ley a estos delitos se lanzó en Cali la Ruta de Atención a los Delitos contra la Biodiversidad, que facilita el debido proceso para judicializar a personas u organizaciones que atentan contra la fauna silvestre.
“Es el resultado de la sinergia que logramos hacer con varias entidades, fiscalías, jueces, CTI, Policía, autoridades ambientales e inspectores de policía para poder llevar a buen recaudo a todas las personas que trafican con la fauna silvestre en el país”, explica Gustavo Alberto Trujillo Barrientos, biólogo y coordinador del grupo de seguimiento y control de la CVC.
Esta ruta revisa y establece las competencias de cada entidad con el fin de agilizar los procedimientos y articular las acciones en materia penal a la vez que aporta elementos que permiten un acelerado proceso sancionatorio.
Esta ruta es producto del trabajo conjunto desde el 2024 entre la Fiscalía, la Rama Judicial, la Policía, el CTI, la DIJIN, SIJIN, el Grupo Jurídico CVC, GELMA y el apoyo de la WCS (Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre) y la Fundación Panthera.
“Tener a la Fiscalía General de la Nación, a organizaciones como la WCS, a los jueces de la República, las demás corporaciones y entidades ambientales del país e inspectores de Policía, es cerrar toda esa cadena en torno a la protección y en contra del tráfico ilegal de fauna. Ya tenemos una ruta clara, ya sabemos qué hacer y lo que es mejor, se definieron las competencias y cómo debe actuar cada una de estas autoridades”, destacó Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CVC.
“Quisiéramos que la ley sea un poco más fuerte, que sea un poco más robusta al momento de tomar las decisiones para que se desincentive el tráfico, la tenencia y que la gente y la sociedad en general entienda cuáles son las consecuencias que tienen este tipo de acciones frente a la fauna silvestre”, dijo Andrés Balcázar Salazar coordinador del programa de prevención de delitos ambientales para WCS Colombia.
“Desde la Fiscalía celebramos cualquier tipo de actuación, cualquier tipo de actividad encaminada a crear protocolos y guías que ayuden a orientar a las entidades, no solo a la Fiscalía, sino a todas las entidades del Estado que tenemos competencias en estos temas para que tengamos muy claras nuestras competencias y podamos articularnos para llegar a los resultados necesarios, que en este caso es la protección del medio ambiente, expresó a su vez Nicolás Campos Salazar, Fiscal 11 especializado de la Dirección de Medio Ambiente de la Fiscalía General de la Nación.
La idea es que esta ruta cuyo génesis fue en el Valle del Cauca se tome como modelo y se adopte a nivel nacional. La ruta se lanzó en el hotel Sonesta de Cali con presencia de representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, GELMA, Parques Nacionales Naturales, la Fundación Panthera, la Policía Ambiental, el Ministerio de Ambiente, Asocars, las corporaciones autónomas CBS, CRC Corpocesar, Carder, Codechoco, CRQ, Cortolima, Corpocaldas, CDA y el Dagma de Cali, entre otros.