ASOCARS resalta el acompañamiento de gobernadores y alcaldes, entre otros actores regionales del país, quienes se vienen sumando a la petición de no sancionar el Proyecto de Ley de páramos, ya que centraliza los recursos económicos que tienen las Corporaciones Autónomas Regionales para este propósito.
Bogotá, 13 de julio de 2018.
El Gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey, el Gobernador de Antioquia Luis Pérez, del Tolima Oscar Barreto, de Boyacá Carlos Andrés Amaya, la Asamblea de Cundinamarca y de Antioquia, alcaldes, organizaciones gremiales y de base, entre otras fuerzas vivas y actores regionales del país, se han sumado a la defensa de los recursos económicos de las CAR, que se pretenden centralizar con la Ley de páramos, que en su artículo 24, las dejaría sin los recursos de la Transferencia del Sector Eléctrico TSE, con los que hoy atienden la gestión ambiental en la región.
“El trámite de conciliación en el congreso ha generado para nuestro departamento gran preocupación ya que pretende centralizar los recursos que hoy se transfieren del sector eléctrico a las Corporaciones Autónomas Regionales dejando así sin financiación una serie de programas y proyectos alrededor del recurso hídrico”, manifestó el Gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey en su petición al presidente de la república Juan Manuel Santos.
A esta se suma la solicitud del Gobernador de Antioquia Luis Pérez, quien señaló que “Lo que en un principio lucía como un loable interés del Legislador y del Gobierno Nacional de impulsar la expedición de una ley para proteger los páramos de Colombia, terminó en un desalmado raponazo a los recursos ambientales de las regiones”.
Finalmente, el gobernador del Tolima Oscar Barreto solicitó que “sean objetados o retirados, los artículos que cercenan de tajo los recursos a las CAR, por ser un instrumento centralista, que van en contra de la autonomía y el desarrollo de las regiones y porque a las claras afectan nuestros ecosistemas estratégicos”.
Ante las diversas solicitudes que se sumaron a la de ASOCARS, la presidencia de la República informó en oficio del pasado 9 de julio que “una vez se allegue por parte del Congreso de la República la propuesta legislativa, el Gobierno Nacional procederá a su examen bajo los señalados lineamientos constitucionales”.
Según ASOCARS, las CAR comparten el espíritu de la Ley de gestionar la protección y la conservación de los páramos, así como la necesidad de definir nuevos recursos financieros para esa gestión, pero lamentablemente no pueden estar de acuerdo con lo que se propone en materia financiera, por tener una vocación centralista, porque los únicos recursos ciertos que se toman, como recursos financieros “aparentemente nuevos” para su implementación, son dos rentas propias de las CAR: transferencias del sector eléctrico TSE y las tasas por utilización de agua, TUA, recursos generados y manejados desde las regiones, que pasarían a ser administrados y distribuidos por el Gobierno Nacional, contrariando la Constitución Política y la Ley, respecto del manejo y destinación de éstos recursos propios de las CAR, que hoy utilizan para la gestión ambiental en las cuencas de su jurisdicción, dentro de las que están los ecosistemas de páramos.
Las CAR y los actores regionales le solicitan al presidente Santos no sancionar la Ley de páramos, y regresarla al Congreso para su ajuste, lo que se suma a la petición de los líderes ambientalistas de reformar lo dispuesto sobre el impuesto al carbono, por la baja destinación ambiental de este nuevo recurso.